Duco cuestiona el gasto del gobierno anterior, pero recibió más de $30 millones del Estado por ser embajadora del IND

No fue una frase al pasar. Natalia Duco instaló un argumento de fondo para explicar la incertidumbre sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030: la situación económica heredada del gobierno anterior. “Estamos evaluando con todas las condiciones… la situación que ha dejado la administración anterior no es fácil”, señaló la ministra del Deporte, abriendo la puerta a que Chile pueda bajarse del proceso.

Pero ese discurso choca con un antecedente concreto del mismo período que hoy pone en cuestión. Entre 2024 y 2025, Duco recibió $30.212.521 brutos en honorarios por parte del Instituto Nacional de Deportes, en su rol como embajadora de los Juegos Deportivos Escolares. Se trata de recursos públicos destinados a un programa estatal, enmarcado dentro de la política deportiva del mismo ciclo que hoy es cuestionado por su manejo económico.

Ojo, esto sólo en términos de su rol como embajadora de esa disciplina. Acá no se cuenta la Beca Proddar obtenida por su Oro los Juegos Sudamericanos 2022, que le permitió recibir una remuneración pública incluso hasta un año y medio después de su última competencia (inactiva desde 2024 a enero de 2026 renunciando sólo por una denuncia de La Hora de King Kong).

La cifra no es marginal. Equivale a más de $15 millones por año, cerca de $1,2 millones mensuales, bajo modalidad de prestación de servicios, vinculada a actividades promocionales y representación institucional. El punto no pasa por la legalidad del pago. Tampoco por la existencia del programa.
El problema es de coherencia política.

Porque la actual ministra no fue ajena al gasto estatal que hoy se pone en duda. Fue parte de él, con un rol activo y remunerado dentro de la estructura del IND. En ese contexto, la discusión sobre la viabilidad económica de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030 deja de ser exclusivamente técnica. Se transforma en una señal política.

Si el argumento es que el país no está en condiciones de asumir nuevos eventos internacionales, la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué cambió en pocos meses para que un Estado que financiaba programas, embajadores y activaciones deportivas, hoy ponga en duda su capacidad de sostener un proyecto olímpico? La respuesta, por ahora, no está en los números. Está en el relato.