De la sanción al sillón ministerial: la paradoja Natalia Ducó

El eventual nombramiento de Natalia Ducó como ministra del Deporte en el próximo gobierno de José Antonio Kast, señalado por Meganoticias, no solo remueve el tablero político, sino que también revive uno de los episodios más complejos en la historia reciente del alto rendimiento chileno. En 2018, la entonces principal figura del atletismo nacional fue suspendida por tres años tras arrojar positivo por GHRP-6, una sustancia prohibida perteneciente al grupo de los péptidos liberadores de hormona de crecimiento.

El control que cambió su carrera fue realizado fuera de competencia el 19 de abril de ese año. La muestra arrojó resultado analítico adverso y derivó en una suspensión provisional inmediata. Meses después, el Tribunal de Expertos en Dopaje dictó una sanción de tres años, con anulación de resultados, retiro de medallas y pérdida de beneficios estatales asociados al alto rendimiento.

El propio tribunal calificó el caso como uno de los más sofisticados detectados en Chile, debido a la naturaleza de la sustancia involucrada. El GHRP-6 no corresponde a estimulantes comunes ni a productos de venta masiva, sino a compuestos que actúan estimulando la producción endógena de hormona de crecimiento, con efectos directos en la recuperación muscular, la síntesis proteica y la capacidad de entrenamiento.

En la normativa de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), este tipo de sustancias no se consideran “específicas”, lo que implica que su presencia conlleva presunción de responsabilidad del deportista, independientemente de la intención declarada. Ducó nunca solicitó la apertura de la muestra B y optó por aceptar el proceso sancionatorio, lo que aceleró la resolución del caso.

Tras cumplir la sanción, la atleta volvió a competir en 2021 y logró medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. Paralelamente, desarrolló una carrera pública fuera del deporte competitivo, completó estudios en psicología y consolidó una imagen mediática distinta a la que tenía antes del caso. Un trato demasiado amigable para una atleta sancionada por hacer trampa.

Ese recorrido es el que hoy aparece en el centro del debate. El Ministerio del Deporte es el organismo encargado de diseñar y ejecutar políticas públicas vinculadas al alto rendimiento, el desarrollo federativo, el financiamiento estatal, la coordinación con el sistema antidopaje y la representación de Chile ante entidades internacionales. Su rol no es solo administrativo, sino también normativo y simbólico.

En ese contexto, el antecedente de una sanción por dopaje no es un detalle menor. La política pública antidopaje se sustenta en principios de responsabilidad objetiva, prevención, educación y control estricto. Las campañas impulsadas por el propio Estado se basan en la idea de tolerancia cero. Por eso, la eventual designación de Ducó ha generado reacciones diversas en el mundo deportivo. Mientras algunos destacan su experiencia como atleta de élite y su proceso de reinserción, otros advierten que su pasado competitivo podría convertirse en un punto de tensión para la credibilidad del sistema.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial del nombramiento ni pronunciamiento público de la propia Ducó sobre su eventual rol. Tampoco se ha informado si su candidatura ha sido sometida a evaluaciones internas vinculadas a su historial disciplinario. Lo cierto es que, de concretarse, sería un caso inédito en la política deportiva chilena: una figura que fue sancionada por dopaje encabezando la institucionalidad encargada de combatirlo. Y esa sola paradoja, más allá de juicios personales, instala una discusión que el sistema deportivo no podrá eludir.