Crisis en el fútbol: el debut de Católica en la Libertadores expone a un Gobierno inexperto

La secuencia es clara y revela más que un simple cambio de postura. Hace tres días, el Gobierno había sido categórico: los partidos internacionales en la Región Metropolitana se jugarían sin público visitante, una medida que afectaba directamente el duelo entre Universidad Católica y Boca Juniors programado para el martes 7 de abril. En ese momento, la autoridad apuntó a la necesidad de resguardar el entorno y la seguridad, enfatizando que “he adoptado la decisión de que ambos encuentros se van a desarrollar sin público visitante”, junto con recalcar la importancia de “garantizar las condiciones de seguridad del vecindario donde se encuentran estos estadios”.

Sin embargo, el escenario cambió en cuestión de horas. Este jueves, tras nuevas conversaciones y en medio de gestiones de Cruzados, el propio Codina confirmó un giro en su disposición inicial. “Por supuesto que tengo la mejor de las voluntades de poder evaluar lo que me va a plantear Universidad Católica en las próximas horas en la delegación presidencial”, señaló, agregando que analizarán “distintas medidas que pudieran adoptarse para darle las garantías necesarias al evento”.

El cambio no ocurre en el vacío. En el entorno del partido comenzó a instalarse con fuerza la posibilidad de que el encuentro incluso pudiera disputarse a puertas cerradas si no se cumplían ciertos estándares, un escenario que elevó la presión sobre la autoridad y tensionó aún más la organización del espectáculo. En ese contexto, la apertura a revisar la medida aparece como una respuesta directa a ese riesgo, más que como parte de una planificación inicial.

El episodio vuelve a dejar en evidencia una crítica que se repite en el fútbol chileno: la dificultad de las autoridades para sostener criterios claros en materia de seguridad. La sucesión de decisiones —desde prohibir hinchas visitantes hasta eventualmente reconsiderarlo— refleja un manejo reactivo frente a contingencias que terminan impactando la planificación de los clubes, los torneos y el propio desarrollo del espectáculo.

A eso se suma un contexto más amplio de restricciones que han marcado la temporada. La fijación de horarios con tope a las 18:00 horas para partidos de alta convocatoria y las limitaciones a la presencia de hinchadas visitantes han sido parte de una política que, en la práctica, ha reducido el alcance del evento futbolístico como espectáculo masivo. En vez de avanzar en soluciones estructurales para el control de la violencia, el camino ha sido acotar el desarrollo del fútbol.

Desde la ANFP también reconocen parte de las tensiones que se han generado en este proceso. “Entendemos que hay un proceso de instalación de un nuevo Gobierno, donde las autoridades son todas nuevas. Hemos tenido conversaciones constantes con Carabineros, que siempre han mostrado buena disposición. Pero también hacemos un mea culpa, porque estos temas no los conversamos lo suficiente", comentó Felipe de Pablo.

El propio gerente de operaciones profundizó en uno de los puntos más cuestionados de las medidas adoptadas: la falta de respaldo estadístico para algunas decisiones. “Si existieran cifras claras de que un partido de Colo Colo a las 20:00 horas provoca más problemas que uno a las 18:00, sería difícil criticar la medida. Pero nosotros no contamos con esa data”, agregó.

La señal, además, contrasta con las expectativas que existían respecto a una mayor firmeza en el combate a los delitos en los estadios. Lejos de eso, lo que se ha observado es una batería de medidas restrictivas que terminan trasladando el problema sin resolverlo de fondo. En ese escenario, la voltereta por el caso Boca–UC no solo abre una duda puntual sobre ese partido, sino que instala nuevamente el debate sobre el real manejo de la autoridad en una materia donde las decisiones tienen impacto directo en clubes, hinchas y en la imagen internacional del fútbol chileno.