Comisión del Senado define sanciones y multas para clubes bajo la nueva Ley SADP

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado aprobó este martes las sanciones contempladas en el proyecto que modifica la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, iniciativa que busca reforzar los estándares de transparencia, control y gobernanza en el fútbol chileno.

El régimen sancionatorio aprobado establece multas que pueden alcanzar hasta las 1.000 UTM —cerca de 55 millones de pesos— para los clubes que incumplan las disposiciones de la ley, las que podrán ser aplicadas por organismos como el Instituto Nacional del Deporte o la Comisión para el Mercado Financiero, dependiendo de la naturaleza de la infracción.

Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la prohibición expresa de la multipropiedad de clubes, así como la restricción para que representantes de futbolistas o intermediarios puedan participar como controladores de sociedades anónimas deportivas. Ambas materias han sido objeto de debate en el último tiempo por los conflictos de interés que pueden generar en la competencia.

La iniciativa también incorpora sanciones más severas en casos de ocultamiento o entrega de información falsa respecto de la propiedad real de los clubes, estableciendo incluso la posibilidad de configurar un delito cuando se compruebe la intención de eludir la fiscalización del Estado.

Desde el Senado, el impulsor del proyecto, Matías Walker, explicó que el objetivo es dotar a la normativa de herramientas efectivas de control. “No basta con establecer prohibiciones si no existen sanciones claras en caso de incumplimiento”, señaló durante la sesión.

El proyecto deberá ahora definir los plazos de adecuación para que los clubes ajusten sus estatutos y estructuras societarias a la nueva legislación. La comisión espera despachar esta etapa durante enero de 2026, antes de que la iniciativa pase a votación en la Sala del Senado.

Con este avance, la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas entra en su fase decisiva, apuntando a reforzar los mecanismos de fiscalización sobre los clubes profesionales y a cerrar vacíos normativos que han persistido desde la promulgación de la ley original.