Cecilia Pérez: la mano derecha de Clark que mira la ANFP

El nombre de Cecilia Pérez comenzó a circular con fuerza en los pasillos de Quilín. En un escenario donde ANFP enfrenta cuestionamientos deportivos, financieros y de gobernanza, distintos clubes han sondeado su disponibilidad para encabezar una eventual lista presidencial. La sola mención no es casual: Pérez reúne redes políticas, experiencia ejecutiva y un conocimiento acabado del funcionamiento del Estado. Pero también arrastra un prontuario de controversias que hoy pesan con números concretos sobre la mesa.

Su paso por el Ministerio del Deporte, entre octubre de 2019 y marzo de 2022, es uno de los ejes centrales del debate. Bajo su gestión se impulsaron programas como Crecer en Movimiento y los Centros Elige Vivir Sano, pero también se acumularon observaciones administrativas de alto impacto. La Contraloría General de la República detectó pagos improcedentes por $208 millones en la construcción del Centro de Entrenamiento de Hockey Césped del Estadio Nacional, al calificarse como “obra extraordinaria” una carpeta sintética que ya estaba incluida en las bases técnicas del contrato. El recinto, además, fue inaugurado sin contar con recepción provisoria, baños operativos ni conexión eléctrica definitiva, un símbolo de la premura política por mostrar avances antes del fin del mandato.

A ese episodio se sumó la contratación, por trato directo, de la empresa JCA Security por $644 millones, para labores de seguridad en el Estadio Nacional. El procedimiento evitó licitación pública y generó cuestionamientos por los vínculos previos entre la empresa y personeros cercanos al equipo de la ministra. Durante el mismo período, se denunciaron pérdidas de 735 metros de rejas perimetrales del coliseo y daños al memorial de derechos humanos del recinto, hechos que reforzaron la percepción de una gestión deficitaria en control y custodia de bienes públicos.

Tras dejar el gobierno, Pérez recaló rápidamente en el fútbol profesional. En abril de 2022 se incorporó al directorio de Azul Azul, alcanzando la vicepresidencia y asumiendo funciones ejecutivas en asuntos públicos. Su llegada generó rechazo inmediato en sectores de la hinchada de Universidad de Chile, con rayados y amenazas en el Centro Deportivo Azul, y abrió un debate interno sobre el uso de capital político estatal en una sociedad privada del fútbol.

El rol de Pérez en Azul Azul no ha sido decorativo. Según la memoria anual de la concesionaria, en 2024 percibió $35 millones brutos como Directora de Asuntos Públicos, mientras Michael Clark, presidente del directorio y Director Ejecutivo, recibió $150 millones en el mismo período, equivalente a cerca de $12,5 millones mensuales. Ambos casos marcaron un quiebre con la tradición histórica del club, donde los directores no percibían remuneraciones ejecutivas, y reabrieron el debate sobre sueldos en una institución con resultados deportivos irregulares y un delicado equilibrio financiero.

La defensa cerrada de Pérez a Clark tras la admisión de una querella por presunta estafa y administración desleal profundizó su identificación con el actual controlador. En declaraciones públicas, la vicepresidenta no solo relativizó la acción judicial, sino que advirtió sobre eventuales querellas por denuncias calumniosas si las acusaciones no prosperaban. Esa postura consolidó su imagen como el principal blindaje político de Clark dentro y fuera del club.

A este cuadro se suman observaciones recientes de Contraloría en su retorno a la Municipalidad de La Florida. El organismo solicitó la restitución de $18,5 millones por labores no acreditadas en un contrato a honorarios, además de cuestionar pagos asociados a familiares directos. Aunque el municipio defendió los procedimientos, el informe fue categórico en señalar falta de respaldo documental suficiente, agregando un nuevo flanco a su historial administrativo.

Con ese telón de fondo, la eventual candidatura de Cecilia Pérez a la presidencia de la ANFP aparece cargada de tensión. Para algunos dirigentes, su figura representa capacidad de articulación política, manejo de crisis y conocimiento del aparato estatal, activos valiosos en una asociación golpeada por la desconfianza y la fragmentación.

Por ahora, Pérez no ha oficializado intenciones. Pero los datos están sobre la mesa. Y si la ANFP busca un liderazgo que combine poder político y gestión, también deberá hacerse cargo de si está dispuesta a asumir el peso completo de las polémicas que acompañan a una de las figuras más influyentes —y controvertidas— del actual ecosistema del fútbol chileno.