Daniel Passarella, uno de los futbolistas más importantes de la historia argentina y expresidente de River Plate, deberá comparecer ante la Justicia por una extensa investigación que busca esclarecer cómo se habría desarrollado una millonaria trama de corrupción al interior del club durante su administración, entre 2009 y 2013.
El exdefensor de 73 años figura entre los 31 acusados que enfrentarán un juicio oral a partir del 15 de febrero de 2027, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 11 fijara la fecha para el inicio del proceso. Las acusaciones incluyen presunta administración fraudulenta, operaciones económicas irregulares y maniobras vinculadas con grupos violentos.
Según los antecedentes publicados por Clarín, la investigación encabezada por el fiscal José María Campagnoli permitió reconstruir un sistema mediante el cual se habrían desviado recursos económicos del club a través de distintas operaciones, algunas de ellas relacionadas directamente con la barrabrava conocida como Los Borrachos del Tablón.
Uno de los mecanismos más llamativos corresponde a la presunta reventa sistemática de entradas. De acuerdo con la investigación, River mantenía registros de aproximadamente 10.000 socios que habitualmente no asistían al estadio. Sus datos habrían sido utilizados de manera rotativa para imprimir alrededor de 1.500 entradas por partido, que posteriormente eran entregadas a integrantes de la barrabrava.
Los tickets eran retirados desde dependencias del club y, cuando existían dificultades para concretar las entregas, los encuentros se trasladaban a otros puntos de Buenos Aires, como un lavadero de automóviles o una estación de servicio.
Posteriormente, las entradas eran comercializadas mediante plataformas digitales, oficinas particulares y una red de 57 revendedores identificados durante la investigación. Algunas localidades alcanzaban precios de 300 dólares por encuentro, mientras que los involucrados también disponían de palcos que figuraban bajo el nombre de una supuesta empresa turística.
La investigación sostiene que parte del dinero obtenido mediante estas operaciones habría ingresado posteriormente al circuito legal a través de operaciones inmobiliarias. Para ello, se habrían adquirido propiedades destinadas a remodelaciones, cuyos costos eran sobrefacturados antes de concretar su venta.
Sin embargo, las sospechas no se limitaron a la comercialización de entradas. La Justicia también investigó presuntas irregularidades en los pagos a futbolistas y en las operaciones de transferencia de jugadores.
Entre los antecedentes recopilados aparecen 26 cheques emitidos a nombre de futbolistas como Carlos Sánchez, Mariano Pavone, Agustín Alayes y Luciano Vella. Según la acusación, los documentos habrían sido cobrados por terceros mediante firmas falsificadas, sin que los jugadores recibieran los montos correspondientes.
También se investigó un supuesto pago duplicado de comisiones por el fichaje de Jonathan Fabbro. Mientras una operación habría beneficiado al representante del futbolista, la segunda habría permitido distribuir recursos entre integrantes de la dirigencia.
A estas situaciones se suman cuestionamientos por contrataciones de seguridad privada, obras que no se habrían ejecutado en el estadio Monumental, sobreprecios, licitaciones presuntamente manipuladas y contratos millonarios asociados a servicios de limpieza y espectáculos musicales.
El expediente también aborda la presunta relación entre dirigentes, barrabravas y funcionarios policiales. Entre los acusados aparece Diego Turnes, quien ejerció como vicepresidente durante la administración de Passarella, además de antiguos responsables de las finanzas y otras áreas institucionales de River Plate.
Uno de los episodios que permitió descubrir la presunta red ocurrió el 23 de junio de 2012, cuando River enfrentaba a Almirante Brown en el partido que terminó sellando su regreso a Primera División. Ese día, un socio que tenía un asiento reservado en la platea San Martín encontró a otra persona ocupando su lugar. Ambos contaban con entradas correspondientes a la misma ubicación, aunque uno de los boletos había sido adquirido mediante la reventa.
Cuando el abonado reclamó ante el club, habría recibido intimidaciones en presencia de integrantes de la barrabrava. Dos días después presentó una denuncia judicial por estafa, dando origen a una investigación que, más de catorce años después, llegará a juicio oral. El proceso también incluye acusaciones de extorsión relacionadas con disputas internas por el control de Los Borrachos del Tablón, además de la presunta participación de funcionarios policiales en algunas de las maniobras investigadas.
La causa representa uno de los capítulos judiciales más delicados relacionados con la administración de River Plate. Passarella, quien asumió la presidencia en 2009 y estuvo al mando durante el histórico descenso del club en 2011, ahora deberá responder ante la Justicia por hechos que podrían significar penas de hasta 12 años de prisión.
El juicio buscará determinar las responsabilidades individuales de los 31 acusados y establecer si las operaciones investigadas constituyeron una estructura organizada para defraudar económicamente a River Plate. Por ahora, las imputaciones deberán ser acreditadas durante el proceso judicial y no existe una condena contra Passarella por estos hechos.