Aseguran que Michael Clark arriesga hasta 40 años de cárcel

La cuarta jornada de formalización del caso Sartor dejó nuevos antecedentes que complican el escenario judicial de Michael Clark. Este martes, los abogados querellantes respaldaron la solicitud de prisión preventiva impulsada por la Fiscalía y expusieron las penas que, a su juicio, podrían enfrentar los principales imputados, situando al expresidente de Azul Azul entre quienes arriesgan las condenas más altas.

Durante su intervención, el abogado Héctor Marambio, representante de la familia Diéguez, sostuvo que Clark enfrenta un escenario especialmente complejo. Según detalló ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la pena mínima que podría recibir alcanza los 21 años y cuatro días de presidio, mientras que, considerando las agravantes que atribuye la querella, la condena podría elevarse hasta los 40 años de cárcel. El mismo escenario fue planteado para los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, además de Rodrigo Bustamante.

La exposición de los querellantes también profundizó en los perjuicios económicos provocados por el colapso de Sartor. Sergio Rodríguez, abogado de Toesca, afirmó que los fondos en liquidación trasladados a distintas gestoras acumulan pérdidas cercanas a los $180 mil millones. Solo en el fondo Táctico Internacional, aseguró, existía una diferencia de aproximadamente US$20 millones entre el patrimonio informado a los inversionistas y el valor real de los activos.

A su vez, Credicorp Capital expuso las consecuencias de las operaciones realizadas por Sartor en Perú. Según explicó su abogado, Juan Domingo Acosta, aún permanecen sin restitución cerca de US$45 millones invertidos en los vehículos Táctico Perú y Facturas USD.

Uno de los momentos más relevantes de la audiencia estuvo marcado por la intervención del abogado José Ignacio Escobar, quien reconstruyó una serie de operaciones financieras relacionadas con el denominado bono Nexus.

Según la querella, Michael Clark recibió en septiembre de 2023 un mandato de Nexus Health para adquirir un bono emitido por la compañía, operación para la cual la empresa le habría entregado previamente los recursos necesarios. Sin embargo, pocos días después, la estructura financiera de Sartor habría sido utilizada para obtener fondos desde vehículos administrados por la propia AGF con el objetivo de restituir el dinero desembolsado por Nexus.

Escobar sostuvo que el mecanismo permitió canalizar recursos de fondos administrados por Sartor hacia una sociedad vinculada a Clark, denominada Redwood, la que además recibiría una remuneración fija y otra variable por concretar la adquisición del bono.

Posteriormente, el título terminó siendo adquirido por el fondo Sartor Capital Efectivo, operación que, según la exposición del querellante, dejó un saldo favorable cercano a $400 millones para Clark. Apenas tres meses después, el bono fue vendido por cerca de $1.278 millones y, solo dos días más tarde, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) revocó la autorización de existencia de Sartor AGF e inició su proceso de liquidación.

Para la querella, esa secuencia resulta especialmente significativa. Escobar sostuvo que el objetivo habría sido retirar el bono del patrimonio de Sartor antes de la intervención de la CMF, insinuando incluso que alguien con conocimiento previo de la medida habría alertado a los involucrados.

El episodio adquirió una nueva dimensión cuando el abogado reveló que, en abril de 2025, el mismo bono volvió a transarse, esta vez por $2.334 millones, prácticamente el doble del valor por el que había salido desde Sartor apenas cuatro meses antes. El comprador, según los antecedentes expuestos en la audiencia, fue Nexus Intelligence SpA, filial del propio grupo Nexus.

La audiencia continuará este miércoles con las exposiciones de los restantes abogados querellantes. Una vez concluidas esas intervenciones, el jueves comenzarán los alegatos de las defensas de los once imputados.

La jueza Paulina Moya anticipó que la audiencia de formalización se extenderá hasta la próxima semana, instancia en la que el tribunal resolverá las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, incluida la prisión preventiva para Michael Clark y los demás imputados considerados como los principales responsables del caso Sartor.