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SANTIAGO ·
Información revelada por el periodista Fernando Agustín Tapia da cuenta de una nueva acción judicial presentada por abogados de inversionistas afectados, quienes solicitaron al 20° Juzgado Civil rechazar el avenimiento entre Sartor, Michael Clark y la familia Schapira, acusando un acto en fraude a la ley.
Un nuevo frente judicial se abrió esta semana en torno al control de Azul Azul. Según informó el periodista Fernando Agustín Tapia, abogados que representan a acreedores afectados por el colapso del grupo Sartor ingresaron una solicitud formal ante el 20° Juzgado Civil de Santiago para que se rechace el avenimiento suscrito entre Sartor, Michael Clark y la familia Schapira, calificándolo como un “acto en fraude a la ley” que consolida un contrato espurio y vulnera normas de orden público financiero.
De acuerdo al escrito judicial, el acuerdo permitió poner término a una demanda de nulidad interpuesta por los Schapira —ya fuera de la propiedad del club— otorgando además finiquitos a Clark y a sociedades del grupo Sartor, pese a que el avenimiento carecería de causa y objeto lícito.
El punto central del reclamo apunta a la transferencia de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport desde Inversiones Sartor hacia Inversiones Antumalal, sociedad ligada a Michael Clark. Según la acción, esta operación permitió que Clark tomara indirectamente el control de Azul Azul —a través del fondo que posee el 63,07% de la concesionaria— sin realizar la correspondiente Oferta Pública de Adquisición (OPA), infringiendo los artículos 54 y 199 de la Ley de Mercado de Valores.
Los acreedores sostienen que esta maniobra afecta gravemente el derecho de prenda general de los aportantes, alejando los activos del alcance de quienes buscan recuperar su dinero. El perjuicio patrimonial estimado supera los USD 95 millones, correspondientes a fondos actualmente en proceso de liquidación por instrucción de la Comisión para el Mercado Financiero.
La presentación solicita al tribunal que rechace el avenimiento y avance hacia la nulidad absoluta del contrato que permitió la transferencia del fondo Tactical Sport, abriendo así un flanco directo contra la estructura financiera que hoy sostiene el actuales control de Azul Azul.
El caso se suma a las sanciones administrativas ya cursadas por la CMF contra Michael Clark y profundiza los cuestionamientos sobre la forma en que se consolidó la propiedad de la concesionaria azul, trasladando el conflicto desde el plano regulatorio al terreno judicial.
Más allá del ámbito deportivo, el episodio amenaza con convertirse en uno de los conflictos societarios más complejos del fútbol chileno reciente, con implicancias que podrían reabrir el debate sobre la legitimidad del actual controlador del club y el uso de fondos de inversión como vía para la toma de control de sociedades anónimas deportivas.