$40 mil millones y "Esquema Ponzi": la nueva arista judicial contra Michael Clark

El presente institucional de Azul Azul volvió a tensionarse luego de que Michael Clark fuera incluido en una querella criminal por delitos económicos que acusa un perjuicio cercano a los $40 mil millones. El presidente de la concesionaria que controla a Universidad de Chile aparece como uno de los imputados en una causa que investiga presunta administración desleal, entrega de información falsa al mercado y negociación incompatible, todos tipificados como delitos económicos agravados.

La acción judicial fue presentada por Toesca AGF, en su calidad de liquidadora de fondos ligados al caso Sartor, y describe un esquema financiero destinado a ocultar pérdidas millonarias y trasladarlas hacia fondos de inversión mediante pagarés sin respaldo real, renovaciones artificiales y sociedades creadas únicamente para maquillar balances. El libelo sostiene que los hechos se enmarcan en “un esquema de administración fraudulenta, ocultamiento de pérdidas y manipulación de estructuras financieras que afectaron gravemente el patrimonio de tales fondos, generando un perjuicio cuantificable y demostrable”.

La cifra central del caso es demoledora. Según la querella, al 31 de diciembre de 2024 los fondos mantenían una exposición cercana a los $40.000 millones en pagarés incobrables, emitidos por sociedades sin activos ni capacidad real de pago. Incluso, el escrito judicial va más allá y califica el funcionamiento del sistema como una estructura de fraude financiero: “Estos hechos fueron el origen de lo que se denomina ‘Esquema Ponzi’, desarrollado por Sartor y que se traduce en una estafa de inversión fraudulenta”.

Uno de los aspectos más graves es la acusación de que las pérdidas habrían sido ocultadas deliberadamente para evitar un colapso inmediato del negocio. El documento afirma que se optó conscientemente por no transparentar la insolvencia, señalando que “se acordó no revelar ni denunciar el supuesto fraude, por temor a ‘dañar la marca’ y producir un ‘escándalo’, adoptando concertadamente una estrategia destinada a ocultar los hechos”.

La querella también detalla cómo se emitieron pagarés cero cupón por decenas de miles de millones de pesos, aun sabiendo que eran instrumentos incobrables. En ese punto, el texto es explícito: “los pagarés fueron entregados con pleno conocimiento de la situación de insolvencia (…) sabiendo que eran incobrables y aun así participaron en su otorgamiento como si representaran obligaciones legítimas”.

Posteriormente, esos documentos habrían sido traspasados a sociedades llamadas Ecosustentable, que no tenían operación real ni activos, con el único objetivo de ocultar el deterioro financiero. La presentación judicial lo describe sin ambigüedades: “estas sociedades no tenían proyectos, no tenían ingresos, no tenían activos físicos. Su única función real era recibir pagarés incobrables”.

Respecto del rol de los directores de la administradora —entre ellos Michael Clark—, la querella sostiene que no se trató de simples errores de gestión, sino de decisiones adoptadas con pleno conocimiento del daño que se estaba provocando a los aportantes. En ese sentido, afirma que “la conducta reprochada no se limita a una mala decisión de negocios. Por el contrario, los hechos evidencian una desviación consciente de la finalidad del patrimonio administrado”.

La acusación incluye además la entrega de información falsa al mercado, citando directamente resoluciones de la Comisión para el Mercado Financiero, donde se establece que “la información proporcionada por Sartor AGF al mercado no refleja la real situación económica, patrimonial y financiera de los fondos” .

Desde el punto de vista penal, la querella solicita investigar a Clark por administración desleal, negociación incompatible y entrega de información falsa, lo que abre la puerta no solo a eventuales condenas, sino también a inhabilitaciones para ejercer cargos en entidades fiscalizadas. Un escenario que, de avanzar, tendría impacto directo en la gobernabilidad de Azul Azul.

Para Universidad de Chile, este nuevo frente judicial golpea en un momento particularmente sensible, cuando el club intenta dejar atrás años de inestabilidad administrativa y reconstruir credibilidad dentro y fuera de la cancha. Más allá del desenlace legal, la magnitud del monto involucrado y la gravedad de las imputaciones vuelven a instalar una pregunta incómoda en el corazón del CDA: ¿puede sostenerse un proyecto deportivo con su principal dirigente enfrentando una acusación por un perjuicio estimado en $40 mil millones?