El Sindicato de Futbolistas Profesionales denunció públicamente al club albo por excluir de los entrenamientos al plantel profesional a jugadores con contrato vigente. La presión gremial sumó un flanco abierto más para una crisis profunda.
El conflicto dejó de ser interno y escaló al plano público. El Sifup Chile acusó directamente a Colo Colo de vulnerar derechos laborales tras excluir de los entrenamientos del plantel profesional a futbolistas con contrato vigente.
A través de redes sociales, el sindicato fue categórico: “Denunciamos que Colo Colo continúa vulnerando derechos laborales de futbolistas con contrato profesional: recordamos que no pueden ser excluidos de los entrenamientos con el plantel profesional, ni de las demás actividades preparatorias para el ejercicio de la actividad”.
El mensaje tenía una razón clara. Horas antes, el club había reincorporado a Dylan Portilla, Bastián Silva y Bryan Soto, los tres jugadores que habían sido considerados “cortados” para la temporada. Su regreso, sin embargo, no responde a un cambio de criterio del cuerpo técnico, sino a una obligación legal: mientras exista vínculo contractual, el empleador debe garantizar condiciones normales de trabajo.
Portilla y Silva venían de préstamos en Deportes Limache, mientras que Soto arrastraba varias cesiones en los últimos años. Ninguno está contemplado en el proyecto deportivo actual, pero su exclusión del trabajo con el primer equipo abría la puerta a eventuales denuncias ante la Dirección del Trabajo, con riesgo de multas y sanciones para la institución.
El episodio conecta directamente con la otra cara del presente albo: un plantel debilitado, armado con piezas de emergencia y condicionado por la falta de recursos. Mientras el equipo suma jugadores sin peso específico y acumula cuestionamientos por su bajo nivel, el club intenta acelerar salidas que no logra concretar, recurriendo a prácticas que el propio sindicato califica como ilegales.
En simple: Colo Colo volvió a entrenar a los “cortados” porque no tenía alternativa. El problema ya no es solo futbolístico. Es laboral. Y vuelve a dejar en evidencia una gestión que, presionada por la crisis financiera y deportiva, termina chocando con la normativa básica que protege a sus propios jugadores.
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