San Marcos de Arica se anotó una pequeña victoria el miércoles pasado en el Tribunal de Penalidades cuando fue rechazado el intento de la directiva de la ANFP por ampliar la denuncia en su contra, dejando sólo la original: falta de fidelidad, veracidad e integridad en la información financiera proporcionada por el club. El ente rector detectó una discrepancia sustancial y no justificada entre lo declarado bajo juramento por la dirigencia y sus estados financieros reales este 2026. La ANFP pretendió ampliar la acusación en contra de San Marcos de Arica sumando antecedentes de años anteriores (específicamente documentos de 2024 y 2025).
Una de las posibilidades que se barajan si la acusación prospera, es que San Marcos de Arica sea desafiliado de la ANFP. Algo que va en directo beneficio de los clubes colistas del torneo: Santa Cruz y Rangers de Talca que se salvaría de descender por secretaría.
Andrés Alvarado, director de la ANFP y accionista y vicepresidente de Santa Cruz votó a favor de avanzar con la denuncia contra San Marcos de Arica. Su voto llamó la atención pública debido a que su club estaba directamente involucrado en la controversia. Además, se reveló que Alvarado no asistía de forma presencial a las reuniones desde octubre de 2025, reapareciendo en persona justamente para esta votación crucial en agosto de 2026. Al contrario, Jorge Yunge, secretario general de la ANFP, miembro del directorio y expresidente de Rangers de Talca, el otro equipo complicado en el fondo, si decidió abstenerse.

En Arica están muy irritados por que Alvarado no se abstuvo como Yunge (ver foto) y a la expectativa del fallo de fondo del Tribunal de Penalidades. Recordemos que Santa Cruz, Rangers y Curicó tienen otra denuncia contra Puerto Montt por impuestos no pagados. El Monto no sería superior al millón y medio de pesos pero de todas maneras el cuadro Delfín podría ser severamente castigado. Incluso desafiliado.
Hay un detalle importante Deportes Santa Cruz tiene una demanda contra la ANFP, interpuesta en julio de 2025, fue una acción legal de carácter millonario motivada por cobros anticompetitivos tras su ascenso a la Primera B. Ocurre que tras coronarse campeón y lograr el ascenso deportivo en la temporada 2018, el cuadro de la Región de O'Higgins se vio obligado a pagar la millonaria suma de 24.000 UF durante 2019 para poder competir. Pero ese mismo año el Tribunal para la Defensa de la Libre Competencia declaró ilegal esta cuota, multó a la ANFP e instruyó a devolver el dinero. Cosa que no ha ocurrido con Santa Cruz y por eso demandó a la ANFP el año pasado teniendo a Andrés Alvarado dentro del directorio.