Un durísimo golpe recibió Michael Clark en el denominado Caso Sartor. El tribunal decretó este martes la prisión preventiva del expresidente de Azul Azul, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y, además, un riesgo para el éxito de la investigación. La resolución llegó después de una extensa revisión de los antecedentes presentados durante la formalización. El tribunal sostuvo que la gravedad de los hechos investigados excede los patrimonios individualmente afectados, considerando que se trata de recursos entregados a una administración profesional que disponía de una capacidad técnica e informativa superior a la de los aportantes.
Uno de los puntos centrales de la resolución fue la pena probable que arriesgan los imputados. El tribunal abordó los distintos Según explicó el tribunal, la recuperación de conversaciones permitió establecer provisionalmente que Clark habría impartido instrucciones destinadas a borrar comunicaciones y activar la función de mensajes temporales, situación que podía derivar en la eliminación de información relacionada con los hechos que están siendo investigados. “Estos antecedentes permiten presumir provisionalmente actuaciones dirigidas a eliminar o suprimir evidencia vinculada con los hechos investigados”, sostuvo el tribunal al fundamentar su resolución.
Para el juzgado, aquello incrementa de manera relevante el riesgo respecto de evidencia que todavía no ha sido asegurada y también respecto de personas que actualmente se encuentran aportando antecedentes a la investigación. El tribunal reconoció que la defensa de Clark presentó como argumentos su arraigo, su comparecencia durante el procedimiento y la entrega de su pasaporte. Sin embargo, estimó que ninguno de esos elementos era suficiente para neutralizar las necesidades de cautela.
“La participación provisionalmente establecida comprende diversos capítulos y figuras penales con una pena probable particularmente elevada”, señaló el tribunal, agregando que concurren “antecedentes específicos de eliminación de evidencia”. Por eso, la conclusión fue categórica: “Su libertad constituye, en consecuencia, un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación”.
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