Un nuevo revés judicial sufrió Michael Clark, ex presidente de Azul Azul y controlador de la concesionaria que administra a Universidad de Chile, luego de que la Corte Suprema ratificara la legalidad de las exigencias impuestas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tras su adquisición del control de la sociedad anónima deportiva.
La resolución, conocida este jueves, confirmó con costas el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de septiembre de 2025, que había rechazado el reclamo de ilegalidad presentado por Clark contra las determinaciones adoptadas por el organismo regulador entre diciembre de 2024 y enero de 2025.
La controversia se originó cuando Inversiones Antumalal Limitada, sociedad vinculada al empresario, adquirió el 90% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport. Mediante esa operación, Clark obtuvo indirectamente el control del 63,07% de las acciones serie B de Azul Azul, sin efectuar previamente una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).
En su defensa, el empresario argumentó que la operación correspondía a la adquisición de cuotas de un fondo privado y no directamente de acciones de Azul Azul, por lo que cuestionaba la obligación impuesta por la CMF.
Sin embargo, la Corte Suprema desestimó esa interpretación y estableció que el elemento determinante fue el cambio de control de la concesionaria universitaria.
La sentencia precisó que la CMF “no le exigió realizar una oferta pública por haber adquirido cuotas del Fondo Tactical Sport, sino por haber adquirido el control de Azul Azul”.
El máximo tribunal también advirtió sobre las consecuencias que tendría aceptar la posición defendida por Clark, considerando que permitiría utilizar fondos de inversión privados para evitar las obligaciones establecidas en el mercado de valores.
“Aceptar la tesis del apelante importaría que basta con interponer un fondo de inversión privado entre el adquirente y las acciones para sustraer la toma de control del régimen de oferta pública, privando a los minoritarios de la protección que el legislador quiso asegurarles”, estableció la resolución.
De esta manera, la Corte Suprema concluyó que la CMF actuó dentro de sus atribuciones al exigir el cumplimiento de los artículos 54 y 199 de la Ley de Mercado de Valores, rechazando definitivamente la reclamación del empresario.
La resolución llega en un complejo escenario judicial para Clark, quien permanece recluido en el anexo penitenciario Capitán Yáber en el marco de la investigación del caso Sartor, causa en la que enfrenta imputaciones por diversos delitos económicos.
El pronunciamiento del máximo tribunal representa un nuevo antecedente para la controversia sobre el control accionario de Azul Azul, cuya participación mayoritaria fue puesta en proceso de venta durante septiembre, mientras continúa el desarrollo de las investigaciones judiciales vinculadas al empresario.