Otra vez el estadio: la promesa que Michael Clark volvió a instalar y que Azul Azul arrastra hace 19 años

La despedida de Michael Clark como presidente de Azul Azul volvió a tocar una fibra sensible para el hincha de Universidad de Chile. No fue solo una carta de salida, ni únicamente un balance de gestión. Fue también la reaparición de una promesa que la concesionaria ha repetido durante casi dos décadas: el estadio propio. Esta vez, el argumento no vino acompañado de una maqueta ni de una comuna anunciada con bombos y platillos, sino de un respaldo financiero: la clasificación A+ del denominado “Bono Bulla”.
“Vemos con mucho orgullo que el ‘Bono Bulla’ y nuestro club lograron clasificación A+ por la prestigiosa agencia de clasificación de riesgo Humphreys... Además, sienta las bases para poder financiar la futura construcción de nuestro estadio”, señaló Clark en su despedida.

La frase, en cualquier otro contexto, podría haber generado ilusión. Sin embargo, en Universidad de Chile el estadio propio no es una promesa nueva, sino una herida abierta. Desde que Azul Azul tomó el control del club en junio de 2007, el recinto propio ha sido presentado una y otra vez como el gran salto institucional. El problema es que, 19 años después, la U sigue dependiendo del Estadio Nacional, sigue peregrinando cuando Ñuñoa no está disponible y sigue sin una casa que le pertenezca realmente.

El origen de esta historia está en la propia llegada de Azul Azul. El 8 de junio de 2007 se firmó el contrato de concesión entre la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile y la sociedad anónima, en medio de una crisis financiera que obligó a entregar la administración del fútbol profesional. Desde ese momento, la modernización institucional y la construcción de un estadio propio aparecieron como parte del horizonte natural del nuevo modelo. No era solo un deseo deportivo, sino también un activo estratégico: dejar de depender del Estadio Nacional, reducir costos operativos, fortalecer ingresos por día de partido y abrir nuevas líneas comerciales.

El primer ciclo fuerte de esta promesa llegó con Federico Valdés. Su administración coincidió con el momento deportivo más exitoso de la historia moderna de la U, coronado con la Copa Sudamericana 2011. Con un equipo competitivo, una marca fortalecida y jugadores valorizados, el estadio apareció como el siguiente paso lógico. La Pintana fue presentada como una alternativa concreta, especialmente en el sector del Paradero 41 de Santa Rosa. Pero el entusiasmo dirigencial chocó rápidamente con la realidad política. El municipio no validó la existencia de terrenos asegurados y la idea comenzó a perder fuerza antes de transformarse en proyecto ejecutable.

Ese episodio marcó una constante que se repetiría durante años: Azul Azul podía instalar el tema, pero no necesariamente tenía aseguradas las condiciones políticas, urbanas y comunitarias para concretarlo. La Pintana mostró que una cosa era buscar terreno y otra muy distinta era conseguir licencia social para levantar un estadio de alta convocatoria. Desde ahí, la promesa empezó a cargar con un problema de origen: la U quería una casa, pero las comunas no siempre querían recibirla.

Con José Yuraszeck, la ilusión se trasladó a San Eugenio, en Estación Central. El antiguo estadio de Ferroviarios apareció como una alternativa atractiva por ubicación e historia. La idea contemplaba un terreno amplio, con cerca de 20 hectáreas vinculadas a EFE, lo que abría la posibilidad de levantar un proyecto urbano de mayor escala. Pero nuevamente el entusiasmo terminó chocando con restricciones concretas. El valor del terreno se volvió prohibitivo y su condición patrimonial elevó la complejidad de la operación. Según el propio análisis de la trayectoria institucional, Yuraszeck llegó a señalar que el costo del paño podía ascender a US$42 millones, una cifra imposible de absorber para la concesionaria en ese momento.

La administración de Yuraszeck, eso sí, dejó un elemento relevante: el intento de institucionalizar un fondo para el estadio. En la Memoria Anual de 2012 se oficializó un capital inicial destinado al proyecto, que con el paso del tiempo fue aumentando para financiar estudios, prospecciones y asesorías técnicas. Es decir, no todo quedó en declaraciones. Hubo planificación, hubo recursos reservados y hubo trabajo preliminar. Pero otra vez apareció el límite de siempre: estudiar no es construir, tener un fondo no es tener un terreno y hablar de factibilidad no equivale a poner la primera piedra.

El episodio más potente, y quizás el más recordado, llegó con Carlos Heller. El 24 de abril de 2014, Azul Azul vivió lo que se presentó como un “día histórico”: el anuncio del estadio en Laguna Carén, en Pudahuel. Esta vez, el proyecto parecía tener una épica mayor, porque vinculaba el sueño del club con terrenos ligados a la Universidad de Chile. El recinto proyectado consideraba una capacidad cercana a los 30 mil o 35 mil espectadores y se insertaba en un parque de gran escala, con una narrativa que mezclaba fútbol, comunidad universitaria e infraestructura moderna.

Laguna Carén fue, por lejos, el anuncio más ambicioso. También fue el golpe más duro cuando terminó cayéndose. El proyecto quedó atrapado entre restricciones legales, exigencias urbanas y problemas técnicos que elevaron su costo hasta hacerlo inviable. El terreno tenía condicionantes asociadas a un decreto presidencial de 1994 y a la idea de un parque tecnológico que nunca se materializó.

A eso se sumaban exigencias de conectividad, mitigaciones viales en la Ruta 68 y déficits de servicios básicos que complejizaban cualquier desarrollo masivo en la zona. En simple: el proyecto que más ilusión generó terminó demostrando que el estadio no dependía solo de voluntad dirigencial, sino de una red de permisos, inversiones y acuerdos mucho más compleja.

Tras el fracaso de Laguna Carén, Azul Azul volvió a mirar alternativas ya conocidas. La Pintana reapareció en el mapa y la concesionaria incluso avanzó con terrenos complementarios para mejorar accesos. Pero el resultado fue el mismo: falta de condiciones políticas, oposición vecinal y dudas sobre la capacidad real de financiar una obra de esa magnitud. La historia volvió a repetirse. Cada vez que el estadio parecía acercarse, aparecía una nueva barrera que devolvía el proyecto al punto de partida.

La lista de comunas exploradas con el paso de los años terminó siendo casi una radiografía del fracaso. Maipú, La Granja y San Bernardo también aparecieron en distintos momentos como alternativas o zonas de interés, pero en todas surgieron resistencias. En San Bernardo, por ejemplo, la oposición municipal y comunitaria fue tajante. El temor a los desórdenes, al impacto en la vida barrial y a la carga de seguridad que implica un estadio de fútbol terminó pesando más que cualquier promesa de desarrollo urbano.
Ese punto es central para entender por qué el estadio de la U no ha avanzado. El problema no ha sido únicamente económico.

También ha sido político y social. En Chile, un estadio de fútbol no siempre es visto como una oportunidad, sino muchas veces como un riesgo. La violencia asociada a ciertos espectáculos deportivos, los costos de seguridad y el temor de los vecinos han convertido a estos proyectos en una carga difícil de defender para cualquier autoridad comunal. Azul Azul ha tenido que negociar no solo terrenos, sino también percepciones. Y en esa batalla, ha perdido una y otra vez.

Con Michael Clark, el relato cambió de forma, pero no de fondo. Su administración evitó los grandes anuncios espectaculares de otras épocas y se refugió en un discurso de ordenamiento financiero, solvencia y trabajo silencioso. Cerrillos apareció como una posibilidad atractiva por su conectividad y por la proyección urbana de la Ciudad Parque Bicentenario. El sector de Departamental con General Velásquez reunía condiciones que, en el papel, podían parecer ideales: buena ubicación, acceso a transporte y un entorno con vocación de desarrollo. Pero el proyecto volvió a trabarse, esta vez por conflictos de uso de suelo y prioridades con otros deportes, particularmente con la Federación de Béisbol.

Después vino Lampa, otro nombre que empezó a circular con fuerza. La posibilidad de un estadio de mayor capacidad, incluso pensado bajo el marco de una eventual candidatura mundialista, volvió a levantar expectativas. Sin embargo, esta vez Azul Azul optó por un silencio estratégico. La experiencia de proyectos anteriores había dejado una lección: anunciar demasiado pronto podía activar de inmediato el rechazo de vecinos, municipios y actores políticos. Pero el silencio también tiene un costo. Sin terreno confirmado, sin permisos visibles y sin un calendario público, la promesa volvió a quedar atrapada en la nebulosa.

Por eso, cuando Clark hoy sostiene que el “Bono Bulla” y la clasificación A+ sientan las bases para financiar el estadio, la afirmación debe leerse con cautela. Es un dato financiero relevante, sin duda. La extensión de la concesión hasta 2052, tras el pago de la deuda tributaria histórica de la Corfuch, también entrega un horizonte más largo para pensar inversiones estructurales. Pero ninguna de esas condiciones resuelve por sí sola el verdadero nudo: dónde se construirá, bajo qué permisos, con qué apoyo político, con qué respaldo comunitario y con qué modelo de financiamiento total.

La promesa, entonces, empieza a parecer más un voladero de luces que una hoja de ruta concreta. No porque el club no necesite un estadio, sino porque la repetición de anuncios sin obra ha desgastado la credibilidad del discurso. El hincha de la U ya escuchó demasiadas veces que el proyecto estaba avanzado, que faltaban detalles, que se trabajaba en silencio o que pronto habría novedades. La palabra “pronto” se transformó en una especie de comodín dirigencial, útil para proyectar gestión, pero insuficiente para responder por casi dos décadas de frustraciones.

El caso del estadio propio también resume una tensión mayor de Azul Azul: la distancia entre la promesa empresarial y la identidad del club. La concesionaria llegó en 2007 con el mandato de ordenar una institución quebrada, modernizar su administración y proyectarla hacia el futuro. En el camino hubo éxitos deportivos, crisis profundas, cambios de control, conflictos con la Universidad de Chile y cuestionamientos permanentes al modelo. Pero el estadio, que era el símbolo máximo de esa modernización, sigue sin existir.

Por eso, la salida de Clark no cierra el tema. Al contrario, lo hereda. La nueva administración recibirá una promesa cargada de historia, frustración y sospecha. Ya no bastará con hablar de solvencia, bonos o clasificación de riesgo. Tampoco bastará con decir que se trabaja en silencio. Después de 19 años, la vara cambió. La única señal realmente distinta sería un terreno confirmado, permisos en marcha, financiamiento detallado y plazos verificables. La U no necesita otro anuncio para alimentar la ilusión. Necesita que, por primera vez desde 2007, alguien transforme esa ilusión en cemento.