Una grave crisis sacude al Grupo Pachuca tras conocerse que un juez de control en Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, presidente de la institución, y su representante legal, Hipólito Gerardo Cabrera. Ambos fueron acusados de desacato judicial luego de no presentarse a las citaciones en un proceso penal por desobediencia de particulares agravada, lo que llevó a que se les declarara «sustraídos de la acción de la justicia».
La medida contempla que, de concretarse la detención, Martínez y Cabrera sean trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte mientras se desarrolla el procedimiento legal. Se trata de un hecho inédito en el fútbol mexicano, pues pocas veces un dirigente de la magnitud de Martínez ha enfrentado este tipo de sanciones judiciales mientras se encuentra en funciones.
El caso tiene como trasfondo la negativa del Club Pachuca a acatar una resolución que les ordenaba suspender transmisiones deportivas por streaming. El incumplimiento reiterado de la disposición judicial, sumado a la ausencia en las audiencias fijadas, precipitó la decisión del juez y abrió un frente judicial que amenaza con escalar en los próximos días.
El impacto trasciende fronteras, ya que el Grupo Pachuca no solo es propietario de Pachuca y León en México, sino que también controla a Everton de Viña del Mar en Chile. La incertidumbre en torno a su presidente instala dudas sobre la proyección institucional del conglomerado en Sudamérica, justo cuando el club viñamarino atraviesa un periodo deportivo complejo y dependiente de la estabilidad financiera que le otorga la casa matriz mexicana.