Natalia Duco sigue recibiendo la beca Proddar sin competir desde París 2024

Natalia Duco continúa figurando como beneficiaria activa del programa Proddar del Instituto Nacional de Deportes (IND), pese a que su última competencia oficial fue en agosto de 2024, en los Juegos Olímpicos de París. Aun así, la atleta aparece en la nómina de diciembre de 2025 con categoría 3.I y un monto mensual de $1.425.999, lo que implica que ha seguido recibiendo recursos públicos durante más de un año y medio sin registrar participación competitiva.

El antecedente adquiere un peso político mayor considerando que Duco ya fue definida por José Antonio Kast como su futura ministra del Deporte. Es decir, quien está llamada a encabezar la política pública del alto rendimiento forma hoy parte del listado de deportistas que reciben la principal beca estatal sin competir, en un sistema que muestra evidentes falencias de fiscalización.

Desde el punto de vista administrativo, su permanencia se explica por la medalla de oro conseguida en lanzamiento de la bala en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. Ese resultado está contemplado en el Decreto Supremo N°18 del Ministerio del Deporte —reglamento del Sistema Nacional de Becas para Deportistas de Alto Rendimiento—, el cual establece que una “medalla de oro en Juegos Suramericanos o Parasuramericanos” habilita al beneficiario a mantener la beca por un período de hasta cuatro años. En el caso de Duco, ese plazo se extiende formalmente hasta 2026.

Sin embargo, el mismo decreto es claro en que la Proddar no opera como un premio vitalicio por logros pasados. El reglamento define el “rendimiento deportivo” como condición fundamental para la permanencia en el sistema y exige que los becarios mantengan actividad competitiva, presenten planificación deportiva anual, se sometan a evaluaciones técnicas y acrediten proyección de rendimiento. Además, faculta al IND para revisar, recategorizar o incluso excluir a un deportista cuando estos requisitos no se cumplen.

Ahí está el núcleo del problema. Aunque Duco esté jurídicamente cubierta por su logro Odesur, el hecho de no competir durante todo 2025 debiera haber activado, al menos, un proceso formal de revisión técnica por parte del IND. De no existir esa evaluación —o si esta se limita a un trámite administrativo sin respaldo deportivo— lo que queda en evidencia es un arrastre automático de beneficios, sin control efectivo sobre la actividad real del atleta.

Y el caso de Duco no es una excepción. La situación se repite en otros nombres del atletismo nacional. En la nómina Proddar de julio de 2025 aparece Fernanda Mackenna Cooper como beneficiaria vigente en categoría 5.I, con un pago mensual de $890.457, pese a que la propia deportista había anunciado públicamente su retiro durante 2024. Aun así, figuró formalmente como activa dentro del sistema del IND, evidenciando nuevamente cómo las becas se mantienen por arrastre administrativo, incluso cuando el atleta ya no compite o declaró el fin de su carrera.

El resultado es una señal preocupante: mientras el IND desembolsa millones de pesos cada mes en becas destinadas al alto rendimiento, los mecanismos de fiscalización parecen diluirse. El programa fue diseñado para acompañar procesos deportivos activos y proyectados hacia ciclos olímpicos, no para sostener ingresos estatales a atletas fuera del circuito competitivo.

La situación expone una debilidad estructural del sistema Proddar y abre un flanco político mayor, considerando que una futura ministra del Deporte forma parte hoy de ese listado. Más allá de trayectorias personales, el foco está en el uso de recursos públicos: becas que siguen corriendo por inercia administrativa, sin competencia comprobable y con escasa rendición de cuentas, en un país donde el financiamiento al deporte de alto rendimiento sigue siendo limitado y altamente demandado.