El problema de Universidad de Chile es delicado. Al 6 de enero de 2026, el club no ha informado cuándo comenzará la venta de abonos para una temporada que arranca en menos de tres semanas. No se trata de una demora administrativa: la U no puede garantizar dónde jugará como local y, por extensión, no puede ofrecer un producto claro a sus hinchas.
El eje del conflicto es el Estadio Nacional, cuya agenda para 2026 está fuertemente marcada por espectáculos musicales de gran escala. Ya hay nueve conciertos confirmados, varios de ellos concentrados en el primer semestre, precisamente cuando el torneo local comienza a tomar ritmo. Entre los eventos agendados figuran Bad Bunny (tres fechas en enero), Tini (12 de febrero), Chayanne (14 de febrero), AC/DC (11 y 15 de marzo), Cris MJ (17 de abril) y Iron Maiden (31 de octubre), además de otros espectáculos en evaluación. A eso se suman eventos culturales masivos, como conciertos sinfónicos, que también utilizan el recinto.
El impacto no se limita al día del show. Cada recital de este tipo implica entre 10 y 20 días de afectación directa al estadio, considerando montaje de escenarios, ingreso de estructuras pesadas, instalación de torres, plataformas y cableado, desmontaje posterior y trabajos de recuperación del campo de juego. En términos prácticos, un solo concierto puede dejar inutilizable la cancha por varias semanas, con riesgo real de deterioro del césped, compactación del suelo y desniveles que obligan a resembrar o cambiar paños completos.
A ese daño estructural se suman los problemas logísticos inevitables: bloqueos de accesos, restricciones de seguridad, imposibilidad de programar partidos con poco margen, incertidumbre sobre aforos y dificultades para cumplir exigencias de transmisión televisiva y organismos de seguridad. Para un club que necesita planificar fechas, abonos y asistencia promedio, el Nacional hoy es un recinto intermitente e impredecible.
La alternativa histórica —el Estadio Santa Laura— tampoco ofrece soluciones. El recinto está sin pasto, con trabajos de reposición en curso y sin una fecha clara de entrega. Más allá del problema técnico, existe un quiebre político evidente. Unión Española, administrador del estadio, cerró la puerta a mayo, mes clave para la U cuando el Nacional suele quedar fuera de servicio. La relación quedó seriamente dañada tras la decisión azul de no respaldar los reclamos de Unión para evitar el descenso a Primera B, una votación que hoy se traduce en aislamiento.
El escenario es claro y preocupante. Universidad de Chile enfrenta el inicio de 2026 sin estadio asegurado, sin calendario estable y sin condiciones mínimas para lanzar su campaña de abonos. Venderlos hoy implicaría asumir el riesgo de no cumplir con lo prometido: partidos trasladados, cambios de sede, aforos reducidos y una experiencia fragmentada para el hincha.
La U no está atrasada: está atrapada. Atrapada por una agenda de conciertos que tensiona el principal estadio del país, por una infraestructura alternativa inoperante y por relaciones institucionales deterioradas. Mientras no exista una definición clara de localía, la venta de abonos seguirá en pausa y la temporada comenzará bajo una señal inequívoca de desorden estructural que va mucho más allá de lo deportivo.