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Por Rodrigo Vargas Olguín · 1 min
El homicidio del defensor Mario Pineida, jugador de Barcelona Sporting Club, se suma a una ola de violencia que ha dejado a cinco futbolistas muertos desde septiembre de 2025, en medio de una crisis de crimen organizado que afecta al país, advierten clubes y autoridades.

El asesinato de Mario Pineida, lateral izquierdo de 33 años que militaba en Barcelona Sporting Club, representa el último golpe a una comunidad futbolística ecuatoriana que vive días de conmoción y miedo. El jugador fue cribado de balas a plena luz del día en el sector de Samanes, al norte de Guayaquil, una de las ciudades más golpeadas por la violencia criminal en el país.
A este hecho se suman los asesinatos de jugadores que militaban en divisiones menores y torneos regionales, como Jonathan González, Maicol Valencia, Leandro Yépez y el juvenil Miguel Nazareno. Los casos se repiten con un patrón inquietante: ataques armados, zonas controladas por bandas criminales y víctimas vinculadas al fútbol en distintos niveles del sistema.
Dirigentes y jugadores han advertido que esta ola de violencia no es aislada. En varios testimonios se ha señalado la presión de organizaciones criminales ligadas a apuestas ilegales y arreglos de partidos, especialmente en categorías de menor visibilidad, donde los controles son más débiles y la exposición es mayor. Incluso, algunos futbolistas han reconocido haber recibido amenazas de muerte por negarse a participar en prácticas irregulares.
El temor se ha instalado en los planteles. En octubre, un delantero de primera división sobrevivió a un ataque armado tras denunciar amenazas previas, un episodio que encendió las alarmas en los clubes y reabrió el debate sobre la seguridad de los jugadores fuera del estadio.
La sucesión de asesinatos deja al descubierto una realidad incómoda: el fútbol ecuatoriano ya no es una burbuja protegida del contexto social. La violencia que atraviesa al país ha llegado al vestuario, a la calle y a la vida cotidiana de los futbolistas, obligando a replantear no solo medidas de seguridad, sino también el rol del Estado y de las instituciones deportivas frente a una crisis que ya no admite silencios.
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