La casa de estudios rechazó reunirse con la presidenta de Azul Azul en medio de las tensiones por el uso del nombre y los emblemas del club. Tres semanas después, el liquidador de Sartor solicitó la revocación del directorio de la concesionaria, mientras intenta concretar la venta del 63,07% de las acciones en medio de una compleja negociación con la Universidad.
La crisis institucional que atraviesa Universidad de Chile sumó un nuevo capítulo este viernes 16 de octubre, luego de que Eduardo Godoy, liquidador de Sartor, solicitara oficialmente una junta extraordinaria de accionistas para revocar al directorio de Azul Azul que preside Cecilia Pérez. Una decisión que podría terminar con la actual administración de la concesionaria y que tiene entre sus antecedentes el deterioro de las relaciones con la casa de estudios.
La tensión venía acumulándose desde hace varios meses, pero tuvo uno de sus episodios más significativos el pasado 24 de septiembre. Ese día la Universidad de Chile rechazó conceder una reunión solicitada por Cecilia Pérez con la prorrectora Dorotea López, encargada de conducir las conversaciones sobre el convenio que permite a Azul Azul utilizar el nombre, el escudo y los emblemas de la institución.
La negativa estuvo lejos de ser un simple desencuentro protocolar. De acuerdo con la publicación, desde la Universidad existía una profunda desconfianza hacia los integrantes del directorio vinculados a Michael Clark, expresidente de la concesionaria que permanece en prisión preventiva por su participación en el caso Sartor.
La historia había comenzado meses antes, cuando Pérez solicitó una audiencia con la nueva rectora, Alejandra Mizala, para saludarla y felicitarla por su nombramiento. Sin embargo, la autoridad universitaria se encontraba inhabilitada para relacionarse con Azul Azul debido a su condición de afectada por las inversiones en Sartor, sociedad en la que su familia había comprometido importantes recursos.
Como alternativa, la casa de estudios ofreció una reunión con la prorrectora Dorotea López. Pero el encuentro tampoco prosperó. Primero se establecieron condiciones respecto de la cantidad de asistentes y posteriormente la propia concesionaria fue postergando las conversaciones hasta que la cita terminó cancelándose.
Cuando Cecilia Pérez intentó retomar los contactos, la respuesta universitaria fue diferente. La institución exigió que la solicitud se formulara nuevamente a través de la plataforma de la Ley de Lobby, especificando claramente los propósitos del encuentro. Aquello constituyó también una señal política de desconfianza hacia la administración de Azul Azul.
Detrás de esa postura se encontraba el informe elaborado por el abogado Andrés Jana, un documento de 80 páginas que identificó una serie de presuntos incumplimientos del convenio suscrito en 2008, cuya vigencia, considerando sus prórrogas, se extiende hasta 2052.
Entre los cuestionamientos figuraban la falta de transparencia sobre la propiedad de Azul Azul, la vinculación comercial con casas de apuestas, la utilización de emblemas históricos y la asociación de la marca con iniciativas relacionadas con criptomonedas y activos digitales.
La Universidad conformó entonces una comisión encabezada por Dorotea López e integrada por los decanos Óscar Landerretche, Gabriel Hernández y Susana Mondschein, con el propósito de revisar las condiciones del convenio y definir las exigencias que presentaría a la concesionaria.
La posición de la casa de estudios contempla dos alternativas. La primera es una renegociación integral del acuerdo, que incluya una mayor participación universitaria en el directorio, facultades de veto sobre determinadas decisiones y una revisión del royalty que actualmente alcanza los $200 millones anuales.
La segunda posibilidad es bastante más delicada para Azul Azul: acudir a un arbitraje para solicitar el término del convenio. Un escenario que abriría una controversia sobre la continuidad del uso del nombre y los símbolos históricos del club, precisamente cuando la institución se aproxima a la celebración de su centenario en 2027.
Y es ahí donde aparece la presión que enfrenta Sartor. El fondo Tactical Sport, actualmente bajo el control del liquidador Eduardo Godoy, posee el 63,07% de las acciones de Azul Azul, participación que debe ser vendida como parte del proceso destinado a responder a los acreedores de la administradora.
Para concretar esa operación, Godoy mandató a los bancos de inversión Landmark Alantra y Vector Capital. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro del convenio con la Universidad representa un factor especialmente sensible para cualquier interesado en adquirir el control de la concesionaria.
El riesgo de perder el derecho a utilizar el nombre y los emblemas de Universidad de Chile podría afectar significativamente la valorización de las acciones. Por lo mismo, resolver el conflicto con la casa de estudios se transformó en un asunto relevante para el proceso de venta.
De hecho, el pasado 21 de agosto Godoy había solicitado al directorio de Azul Azul activar los contactos con la Universidad para abordar los reparos al convenio. Sin embargo, recién este jueves 15 de octubre la mesa encabezada por Cecilia Pérez acordó contratar un equipo de abogados que, junto al liquidador, estableciera los acercamientos correspondientes.
La demora en las gestiones habría provocado molestia en Godoy. Apenas un día después, el abogado solicitó formalmente una junta extraordinaria de accionistas para revocar al directorio completo. La operación tiene consecuencias concretas. Al representar el 63,07% de las acciones, Godoy cuenta con los votos necesarios para aprobar la revocación y elegir a siete de los once integrantes del nuevo directorio. Los otros cuatro cupos corresponden a la Universidad de Chile y al accionista José Ramón Correa, con dos representantes cada uno.
La junta deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 30 días corridos desde la solicitud, es decir, a más tardar el próximo 16 de noviembre. Aunque todavía debe cumplirse ese procedimiento, el porcentaje accionario representado por Godoy deja prácticamente resuelta la posibilidad de reemplazar a la actual administración.
Por su parte, el directorio de Azul Azul comunicó que dará curso a la solicitud conforme a la legislación vigente y que continuará desarrollando sus funciones durante el período que corresponda, resguardando la continuidad administrativa y deportiva de la institución.
Así, el rechazo de la Universidad de Chile a reunirse con Cecilia Pérez adquiere una nueva dimensión a la luz de los acontecimientos posteriores. Lo que en septiembre apareció como una señal de desconfianza institucional terminó formando parte de un conflicto que hoy amenaza la continuidad del directorio.
Mientras la casa de estudios busca fortalecer su control sobre el nombre y los emblemas que identifican al club, Sartor enfrenta la necesidad de resolver una controversia que podría incidir directamente en el valor de su principal activo futbolístico. Todo ello en medio de una operación de venta que deberá desarrollarse con una nueva administración y con el futuro del convenio universitario todavía sin resolver.
Universidad de ChileA través de un comunicado oficial, la concesionaria confirmó que dará curso a la solicitud de Sartor para remover a la totalidad de sus actuales directores y elegir nuevas autoridades. La determinación abre un nuevo capítulo en la crisis institucional que atraviesa el club, marcada por la situación judicial de Michael Clark.
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