Donald Trump ha sugerido que, de presentarse una situación de inseguridad durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, ciertos partidos podrían ser reubicados a otras sedes. Este planteamiento ha generado debate sobre quién tendría la autoridad para decidir esos traslados, qué criterios se usarían para decretar condiciones de inseguridad, y cómo se coordinaría con las entidades del fútbol internacional y con los gobiernos locales.
Si Trump pusiera en marcha esta política, una primera medida concreta sería definir protocolos claros para evaluar riesgos: indicadores de violencia, alertas de seguridad local, capacidad policial, inteligencia sobre amenazas. Tener estos lineamientos por escrito —y aprobados de forma conjunta con la FIFA, CONCACAF, los estados anfitriones y las ciudades donde se jugarán partidos— ayudaría a evitar decisiones arbitrarias y garantizaría transparencia. También necesitaría un sistema de monitoreo constante que permita reacciones rápidas si surge un problema.
Otra medida posible sería fortalecer las fuerzas de seguridad locales y federales antes del torneo. Esto podría implicar más financiamiento para policías, coordinación entre agencias (locales, estatales, federales), entrenamiento para manejo de multitudes y contra incidentes terroristas, instalación de cámaras, controles de acceso estrictos en los estadios, y planes de evacuación. En paralelo, se puede contemplar colaborar estrechamente con municipios y comunidades para mejorar el entorno urbano alrededor de las sedes —iluminación, transporte seguro, presencia visible de autoridad—, lo que reduce riesgos y mejora la percepción de seguridad de los aficionados y participantes.
Finalmente, Trump podría instituir una cláusula de reubicación formal dentro de los contratos de sedes potenciales, aliándose con la FIFA y organizadores locales para que estén comprometidos desde ahora a aceptar cambios de estadio si los protocolos lo requieren. También convendría fijar incentivos y sanciones: ciudades que cumplan los estándares podrían recibir apoyos adicionales, mientras que las que fallen podrían ser sujetas a penalizaciones o exclusión. De esta manera, se busca que todas las sedes cumplan un mínimo común de seguridad, minimizando sorpresas desagradables durante el torneo.