Fútbol InterCamiseta de Tim Payne es éxito en una subasta en Paraguay
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Por Rodrigo Vargas Olguín · 1 min
La crisis migratoria de Estados Unidos es una de las amenazas que el mandatario norteamericano ve para los próximos grandes eventos deportivos que organizará ese país. “Si creo que no es seguro, lo vamos a mover”, dijo Trump.

Donald Trump ha sugerido que, de presentarse una situación de inseguridad durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, ciertos partidos podrían ser reubicados a otras sedes. Este planteamiento ha generado debate sobre quién tendría la autoridad para decidir esos traslados, qué criterios se usarían para decretar condiciones de inseguridad, y cómo se coordinaría con las entidades del fútbol internacional y con los gobiernos locales.
Si Trump pusiera en marcha esta política, una primera medida concreta sería definir protocolos claros para evaluar riesgos: indicadores de violencia, alertas de seguridad local, capacidad policial, inteligencia sobre amenazas. Tener estos lineamientos por escrito —y aprobados de forma conjunta con la FIFA, CONCACAF, los estados anfitriones y las ciudades donde se jugarán partidos— ayudaría a evitar decisiones arbitrarias y garantizaría transparencia. También necesitaría un sistema de monitoreo constante que permita reacciones rápidas si surge un problema.
Otra medida posible sería fortalecer las fuerzas de seguridad locales y federales antes del torneo. Esto podría implicar más financiamiento para policías, coordinación entre agencias (locales, estatales, federales), entrenamiento para manejo de multitudes y contra incidentes terroristas, instalación de cámaras, controles de acceso estrictos en los estadios, y planes de evacuación. En paralelo, se puede contemplar colaborar estrechamente con municipios y comunidades para mejorar el entorno urbano alrededor de las sedes —iluminación, transporte seguro, presencia visible de autoridad—, lo que reduce riesgos y mejora la percepción de seguridad de los aficionados y participantes.
Finalmente, Trump podría instituir una cláusula de reubicación formal dentro de los contratos de sedes potenciales, aliándose con la FIFA y organizadores locales para que estén comprometidos desde ahora a aceptar cambios de estadio si los protocolos lo requieren. También convendría fijar incentivos y sanciones: ciudades que cumplan los estándares podrían recibir apoyos adicionales, mientras que las que fallen podrían ser sujetas a penalizaciones o exclusión. De esta manera, se busca que todas las sedes cumplan un mínimo común de seguridad, minimizando sorpresas desagradables durante el torneo.
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