Cristián Aubert y cómo lucrar con un club de fútbol

Cristián Aubert ha sido uno de los personajes más persistentes en la estructura de poder de Universidad de Chile. Sobrevivió a la administración de Carlos Heller, participó en la transición que permitió el desembarco del grupo vinculado a Sartor y se mantuvo en Azul Azul durante la presidencia de Michael Clark. Ahora, tras la revocación del directorio de la concesionaria, nuevos antecedentes financieros vuelven a poner su nombre en el centro de los cuestionamientos.

La información fue revelada por el periodista Fernando Agustín Tapia en Radio Pauta, donde expuso una serie de cifras sobre remuneraciones, asesorías y costos operacionales de Azul Azul. Los antecedentes forman parte de la documentación que la concesionaria entregó el pasado 9 de octubre, a solicitud del Ministerio Público, en el marco de las investigaciones que rodean a la administración del club.

Entre los antecedentes aparece una cifra particularmente significativa. Cristián Aubert habría recibido $272 millones brutos por desempeñarse como director ejecutivo entre octubre de 2021 y julio de 2022. A ese monto se sumarían otros $45,8 millones por concepto de asesorías comerciales durante 2026. En total, $317,8 millones brutos asociados a sus funciones dentro de la estructura de Azul Azul.

El primer período resulta especialmente relevante. En septiembre de 2021, Michael Clark asumió la presidencia de Azul Azul, mientras Aubert abandonó la testera para continuar como director y asumir responsabilidades ejecutivas. Lejos de significar su salida, el cambio le permitió mantenerse en la administración durante los primeros meses del nuevo controlador, precisamente cuando Universidad de Chile atravesaba una de las crisis deportivas más profundas de su historia.

Si se consideran los diez meses comprendidos entre octubre de 2021 y julio de 2022, los $272 millones atribuidos a Aubert equivalen a un promedio aproximado de $27,2 millones brutos mensuales. Una remuneración que hoy adquiere especial relevancia frente a las dificultades económicas y deportivas que enfrentaba Universidad de Chile durante aquel período, cuando el equipo estuvo al borde del descenso.

Pero Aubert no es el único nombre que aparece en los antecedentes. Michael Clark habría acumulado $409,5 millones entre febrero de 2024 y abril de 2026, mientras Cecilia Pérez habría percibido cerca de $90 millones brutos como directora de Asuntos Públicos y otros $74 millones entre mayo y septiembre de 2026 como directora ejecutiva. Estas cifras no habrían sido conocidas por todos los accionistas y contrastarían con la decisión del directorio de no recibir remuneraciones.

La distinción entre los pagos por cargos ejecutivos y las remuneraciones por integrar el directorio resulta jurídicamente relevante. Sin embargo, los montos conocidos abren interrogantes sobre los criterios utilizados para establecer las compensaciones, las funciones efectivamente desempeñadas y los mecanismos de fiscalización aplicados por la concesionaria.

La historia de Aubert en Universidad de Chile, en todo caso, es bastante más extensa que sus remuneraciones. Durante años ocupó distintos cargos administrativos y ejecutivos, acumulando influencia bajo las presidencias de Federico Valdés, José Yuraszeck y Carlos Heller. Su papel adquirió especial importancia durante la operación que terminó con la salida de Heller y el ingreso del grupo vinculado a Sartor.

En agosto de 2023, Fernando Agustín Tapia ya había expuesto antecedentes sobre esa transición. Según relató entonces, Rodrigo Goldberg le aseguró que Aubert había actuado en contra de algunas decisiones impulsadas desde la administración deportiva, obstaculizando medidas mientras Heller evaluaba desprenderse del control de la institución.

El periodista también sostuvo en aquella oportunidad que la operación de venta hacia Sartor habría estado condicionada a la permanencia de Aubert como presidente de Azul Azul. Una afirmación que, de ser acreditada, situaría al ex dirigente en una posición mucho más relevante que la de un simple administrador durante el cambio de propiedad.

Sin embargo, los nuevos antecedentes conocidos esta semana incorporan otra dimensión al caso. Durante la exposición en Radio Pauta también se mencionaron eventuales vínculos entre Cristián Aubert y Esami SpA, empresa que habría prestado servicios de aseo a Azul Azul, en el que también existirían miembros de su familia recibiendo un pago de la concesionaria. Asimismo, aparecieron referencias a compañías relacionadas con servicios de seguridad contratados por la concesionaria.

Es precisamente este aspecto el que podría adquirir mayor relevancia dentro de las indagatorias. La existencia de relaciones entre ejecutivos y empresas proveedoras no constituye por sí misma un delito, pero puede requerir una revisión de eventuales conflictos de interés, las condiciones de contratación y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas para las sociedades anónimas.

Las cifras de operación de los partidos también llaman la atención. Azul Azul habría destinado $429 millones a la organización de 19 encuentros como local durante 2021, equivalentes a un promedio de $22,6 millones por compromiso. En contraste, el gasto habría alcanzado $2.020 millones en 13 partidos considerados entre el primer semestre de 2025 y 2026, con un promedio cercano a $155 millones por encuentro.

El incremento motivó que abogados querellantes solicitaran antecedentes financieros de Blanco y Negro para establecer comparaciones. De acuerdo con las cifras expuestas, entre 2023 y 2025 los costos operacionales de Azul Azul se multiplicaron por 4,6, mientras que los de Colo Colo lo hicieron por 1,25. Una diferencia que abre interrogantes sobre la composición de los gastos y los contratos asociados a la organización de los espectáculos.

En ese contexto, la revocación del directorio adquiere una dimensión que supera la disputa política por el control de Universidad de Chile. De acuerdo con los antecedentes difundidos, la intervención del liquidador estaría relacionada con las alertas levantadas a partir de la información financiera entregada a la Fiscalía y la posibilidad de que existieran conductas constitutivas de delitos económicos.

Entre las eventuales figuras jurídicas mencionadas se encuentran la administración desleal, la negociación incompatible y posibles infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas. Ninguna de estas hipótesis permite establecer por sí sola responsabilidad penal de Aubert ni de los demás ejecutivos mencionados, cuestión que corresponde determinar al Ministerio Público y, eventualmente, a los tribunales.

Lo que sí queda planteado es una interrogante sobre el modelo de administración que se instaló en Universidad de Chile. Durante años, Aubert fue una pieza de continuidad entre distintos controladores, ocupando posiciones de influencia incluso después de abandonar la presidencia de Azul Azul. Hoy, los antecedentes sobre sus remuneraciones y los eventuales vínculos comerciales obligan a examinar nuevamente su papel dentro de la concesionaria.

Mientras Universidad de Chile acumulaba frustraciones deportivas, conflictos institucionales y cuestionamientos a sus propietarios, algunos de sus principales ejecutivos percibían remuneraciones millonarias. La investigación deberá determinar si esos pagos respondían a servicios debidamente justificados y si las contrataciones se realizaron conforme a la normativa.

Cristián Aubert fue uno de los hombres que acompañó la llegada del grupo vinculado a Sartor. Permaneció en la estructura durante buena parte de su administración y ahora vuelve a aparecer entre los nombres relevantes de una revisión financiera que podría tener consecuencias judiciales. La pregunta ya no se limita a cómo Michael Clark llegó a Universidad de Chile. También apunta a quiénes se beneficiaron económicamente de la administración de Azul Azul, bajo qué condiciones lo hicieron y quién fiscalizó esas decisiones.